La Guardia Civil, a través de Seprona, investiga en Salamanca a nueve agricultores por el uso con fines reproductivos de semillas protegidas sin el preceptivo consentimiento y por falsedad documental en el proceso administrativo de acondicionamiento de la simiente.

Las fuerzas de seguridad están haciendo inspecciones en las explotaciones agrarias anlizando el cereal maduro

La Guardia Civil, en plena campaña de cosecha, una vez que el cereal está perfectamente maduro, está recogiendo diversas muestras representativas de las explotaciones agrarias, para la realización del análisis correspondiente que determine la identificación de las variedades protegidas.

Y es que el Seprona cuenta con la colaboración del Laboratorio de la Oficina Española de Variedades Vegetales, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Las indagaciones desarrolladas, han explicado fuentes de la Comandancia de Salamanca a través de un comunicado, reflejaron que en esta campaña de siembra los ahora investigados emplearon cantidades significativas de grano de trigo procedentes de sus explotaciones agrícolas para su posterior siembra como material vegetal de reproducción.

se imputa también a dos empresas acondicionadoras como colaboradores necesarias en la comisión de supuestos delitos de falsedad de documentos

En el momento de realizar esta tarea manifestaron que la semilla de trigo acondicionado estaba libre de patente, considerándose material vegetal ‘royalty free’ para evitar el pago de los derechos del obtenedor de la variedad protegida por patente.

Sin embargo, las semillas empleadas se hallaban entre las distintas variedades amparadas y protegidas bajo los derechos de propiedad industrial.

Las inspecciones de los agentes, han agregado las mismas fuentes, constataron la ayuda de las distintas acondicionadoras de semillas para la siembra por facilitar las falsedades documentales y autodeclaraciones que se deben cumplir en el proceso administrativo de adaptación de las simientes empleadas.

Por todo ello han sido investigados nueve agricultores como posibles autores de un delito contra la Propiedad Industrial, así como a dos empresas acondicionadoras como colaboradores necesarias en la comisión de supuestos delitos de falsedad de documentos mercantiles.