Las organizaciones de agricultores han lamentado la «politización» a la que se ha visto sometido el glifosato, ya que la seguridad de un producto «barato y eficaz» para matar las malas hierbas en la agricultura no debe ser cuestionada cuando hay informes científicos europeos que avalan su uso.
A dos días del vencimiento de la autorización actual del glifosato (materia activa con la que en España unas 50 empresas fabrican más de 140 marcas de herbicidas), la Comisión Europea decidió este martes 12 la renovación del glifosato por otros 5 años, aunque la responsabilidad de su autorización final queda en manos de los Estados miembro.
Para que después sean los Estados los que decidan sobre su autorización, la CE podría haber autorizado su uso para el máximo posible, 15 años
Las organizaciones profesionales agrarias consultadas por Efeagro han resaltado que no se pueden obviar los resultados de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) que, tras tener evidencias científicas, aseguraron que el glifosato no se puede clasificar como cancerígeno.
Además, han insistido en que si hay cualquier duda sobre la toxicidad de este u otro producto, los agricultores son los primeros que reclaman el «principio de precaución» y que se retire del mercado.
El director de relaciones internacionales de Asaja, Ignacio López, ha señalado que no es «una buena práctica» la de delegar en los Estados miembro la autorización del glifosato, porque «supone introducir distintas varas de medir y quebranta el mercado único».
«Si se aprueba por la Comisión, la aplicación final debe ser lo más homogénea posible» en todos los Estados miembro, ha apuntado, porque lo contrario no favorece al mercado único y, además, los países «ya tuvieron oportunidad de expresarse en el Comité Permanente» y algunos bloquearon el asunto durante 18 meses hasta lograr rebajar de 15 a 5 años el periodo de su renovación.
En este sentido, ha comentado que para que después sean los Estados los que decidan sobre su autorización, la Comisión podría haber autorizado su uso para el máximo posible, los 15 años, y también ha hecho hincapié en que el debate abierto no es científico, sino que ha sido politizado.
Ha recordado que por ejemplo Francia, ya ha anunciado que lo prohibirá de inmediato o como máximo en 3 años, una decisión que irá en «detrimento de sus propios agricultores» y ha confiado en que no se utilice posteriormente como arma arrojadiza para ir, por ejemplo, en contra de las producciones españolas, que sí lo podrán utilizar hasta 2022.
Ven «insuficiente el periodo de 5 años», máxime cuando no hay un producto alternativo actualmente en el mercado
El secretario de organizaciones de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Padilla, también se ha referido a la «politización» a la que ha sido sometido el glifosato, cuyo «uso se ha criminalizado» más allá de las investigaciones científicas.
Padilla ha considerado «insuficiente el periodo de 5 años», máxime cuando no hay un producto alternativo, si bien ha apuntado que si lo hubiere, «igual de eficaz», su organización agraria «no tendría inconvenientes» en sustituirlo.
Ha señalado que el glifosato, materia activa principal de muchos herbicidas, no solo se utiliza en agricultura, también se usa para la limpieza de las malas hierbas en carreteras o en jardinería.
El secretario de organización de la Unión de Agricultores y Ganaderos (UPA), Ignacio Senovilla, ha criticado la politización a la que se ha visto sometido el glifosato, una materia activa que se encuentra en más de un centenar de herbicidas, que son «baratos y eficaces y una de las mejores soluciones para acabar con las malas hierbas en el campo».
Ha recordado que a la aplicación de cualquier producto fitosanitario le preceden una serie de rigurosos controles tanto en su venta como en su utilización en el campo y «hoy en día no existe alternativa» a este producto, uno de los más usados no solo en la Unión Europea, sino en el resto de los países del mundo.
Senovilla ha señalado que en el marco de la Alianza por una Agricultura Sostenible (Alas), en la que se encuentran Cooperativas Agro-alimentarias, Asaja y UPA, se está trabajando en la búsqueda de una materia activa alternativa al glifosato, pero que, «como mínimo», las investigaciones tardarán unos 7 años en ponerla en el mercado.