El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha informado de que el Gobierno no se plantea «por el momento» levantar un vallado en zonas fronterizas del país como medida de prevención para evitar la entrada la Peste Porcina Africana (PPA) al no haber un «riesgo inmediato», aunque no descarta reducir la población de jabalíes salvajes.
Lo ha asegurado este lunes 11 en declaraciones a los periodistas en Madrid antes de presidir la Mesa Nacional de la Caza que abordará este asunto dada las circunstancias de esta enfermedad animal -no zoonótica- en zonas del este europeo.
Francia anunció recientemente la instalación de un vallado en una zona concreta de su frontera con Bélgica (donde se declaró un foco de peste) y Dinamarca ha decidido hacer lo mismo en su frontera con Alemania, a pesar de que ese país no ha notificado casos.
Sí reconoce que se está debatiendo es la necesidad de reducir la población de jabalíes salvajes, especialmente en la frontera con Francia
Según el ministro, no es necesario instalar un vallado en España porque la distancia del foco más cercano es «muy grande» y las características geográficas «son totalmente distintas».
El tema que sí se está debatiendo es la necesidad de reducir la población de jabalíes salvajes en la península ibérica -especialmente en la frontera con Francia- ya que esa especie es el principal reservorio de la PPA en los focos europeos.
A juicio de Planas, en España hay superpoblación de jabalíes y este asunto se abordará con el sector pero también con el Ministerio para la Transición Ecológica con el fin de determinar «cuál es la situación y las medidas a adoptar».
Controlar esa población sería una medida de precaución, ha subrayado el ministro, quien ha reiterado que no hay riesgo «inmediato» de peste pero «es fundamental que todo el sector de la caza contribuya y esté muy concienciado al respecto» dadas las consecuencias que tendría, especialmente para el sector del porcino, la llegada de la PPA al país.
Entre otros asuntos, en la reunión se abordará la elaboración del plan nacional cinegético, que debe estar concluido este año, así como la situación de la tórtola europea.
En su intervención, el ministro ha reafirmado la «voluntad» y el «compromiso» del Gobierno con el sector cinegético por su contribución al desarrollo rural y al conjunto del medio rural español.
La caza es, según ha apuntado «un instrumento de gestión del territorio» y un «magnífico» elemento de desarrollo económico y social, con 186.000 empleos vinculados y un volumen de negocio de 6.500 millones de euros.
Por eso ha mostrado su voluntad para que la caza «continúe constituyendo» un elemento «fundamental» de las actividades que se ejercen en el medio rural.