Isabel García Tejerina seguirá al frente del nuevo Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Y lo hará con el objetivo de seguir la senda marcada en los últimos años, que le han permitido no sólo consolidarse en el Gobierno de Mariano Rajoy, sino en convertirse en una de sus ministras menos problemáticas, a pesar de dirigir un área complicada.
En una entrevista concedida a agroinformacion.com tras ser ratificada al frente del Mapama, García Tejerina marca las pautas de lo que será esta legislatura, avanzando que seguirá apostando por mantener la actual línea de trabajo de la PAC, al reconocer que «pensamos que se han cumplido los objetivos que nos propusimos», y avanza que «no tenemos previsto modificar los requisitos de la figura del agricultor activo».
Asimismo, se plantea «un Pacto Nacional del Agua que cuente con el máximo consenso entre grupos políticos, agentes sociales y sociedad civil», a la vez que no ve necesaria una reforma de la actual Ley de la Cadena Alimentaria aunque sí considera que «debe generar un valor suficiente para que todos los agentes reciban una remuneración justa y ello supone la realización de un esfuerzo conjunto e integrado de todos los agentes».
«Es importante que se sepa que no ha habido ningún recorte en los seguros agrarios»
P.- La legislatura empezará con recorte de diez puntos en el Plan Nacional de Seguros Agrarios. ¿Se trata de un recorte puntual o de un aviso de que viene una legislatura complicada en inversiones? ¿No tiene miedo de que estos recortes en los seguros agrarios puedan acabar perjudicando seriamente al sector y provocar una caída de la contratación?
R.- Me interesa aclarar este punto porque es importante que se sepa que no ha habido ningún recorte. En 2017, tanto en escenario de prórroga como de presupuestos, la intención es consolidar el incremento del 6% que se produjo en los Presupuestos Generales del Estado aprobados en 2016 para la política de seguros agrarios.
El Gobierno ha apostado siempre por esta política, y no sólo a través de las dotaciones anuales consignadas en los Presupuestos Generales del Estado. Los diferentes Planes de Seguros agrarios aprobados han incluido medidas para promover la contratación por parte de agricultores y ganaderos, mejorando las diferentes líneas y escuchando las demandas de los distintos sectores. Entre estas medidas destacan el fraccionamiento de pago a las pólizas avalado por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) y la subvención al máximo permitido por la Unión Europea del 65% del coste de la póliza para las líneas de seguros básicas.
Desde otoño de 2015, la contratación de seguros agrarios ha aumentado progresivamente hasta alcanzar niveles nunca antes conocidos. El capital asegurado ha alcanzado los 12.000 millones de euros, 515 millones más que el año récord de la serie histórica. Este incremento de la contratación demuestra la mejora de la política del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en materia de seguros agrarios.
«La PAC debe promover la incorporación de jóvenes, la innovación y la diversificación»
P.- Uno de sus principales retos a corto plazo en el sector agrario y ganadero será afrontar la reforma de la PAC. ¿Qué retos se plantea al Ministerio para esta negociación y qué líneas rojas no quiere que se cruce en ella?
R.- Como hemos defendido en otras ocasiones, somos partidarios de que la PAC siga jugando un papel relevante dentro del próximo presupuesto comunitario, permitiendo así dar una respuesta adecuada a los diferentes retos que tiene por delante el sector agrario a nivel europeo.
Tras el primer año de aplicación de la nueva PAC, se puede afirmar que el balance es positivo y, desde luego, pensamos que se han cumplido los objetivos que nos propusimos.
De cara al futuro los retos que nos planteamos son básicamente los mismos que inspiran la actual Política Agraria Comunitaria en el marco 2014/2020, es decir, garantizar un nivel de vida adecuado a la población agraria, garantizar la seguridad alimentaria bajo las actuales demandas de los ciudadanos y siempre poniendo en valor el modelo comunitario de producción, con la vista puesta en el mantenimiento de los compromisos de la agricultura para con el medio ambiente y de futuro, sin duda también, en materia de lucha contra el cambio climático.
En el ámbito del desarrollo rural, defendemos que esta política contribuya a la sostenibilidad de las explotaciones y de la industria agroalimentaria, tanto económica como ambientalmente. De igual forma, desde el punto de vista social, el segundo pilar de la PAC debe promover la incorporación de jóvenes, la innovación en la producción agroalimentaria y forestal y la diversificación de la economía.
«Trabajamos para incrementar el poder de negociación de los productores para controlar los precios en origen»
P.- Sobre la mesa hay varias cuestiones básicas y dramáticas para el sector, como la caída de los precios en origen. ¿Qué piensa o puede hacer para frenar esta situación?
R.- Desde el Ministerio estamos trabajando para incrementar el poder de negociación de los productores a través del fomento de su integración, tanto a nivel horizontal, con el desarrollo de figuras como las organizaciones de productores o las entidades asociativas prioritarias, como a nivel vertical, con la creación de organizaciones interprofesionales integradas por representantes desde la producción hasta la distribución.
Otro aspecto fundamental para la mejora del funcionamiento del conjunto de la cadena es la ausencia de prácticas abusivas por parte de cualquier operador, así como las relaciones en base a contratos; y en este sentido, España ha sido pionera en el desarrollo de la Ley de Mejora de la Cadena que persigue este tipo de prácticas.
Por otro lado, creemos que es necesario mantener la red de seguridad que prevé la PAC, conjugándola con un incremento del poder de autorregulación del sector como vía para dar respuesta a las variaciones que se producen en el mercado.
«El agricultor verdaderamente activo, que ejerce una actividad agraria real y asume el riesgo empresarial»
P.- Todavía se mantiene el debate abierto sobre la figura del ‘agricultor activo’. ¿Se va a abrir la puerta a que los campos de golf vuelvan a cobrar las ayudas o se mantendrán las restricciones como hasta ahora?
R.- Desde este Ministerio siempre hemos defendido que el agricultor verdaderamente activo, que ejerce una actividad agraria real y que asume el riesgo empresarial de la explotación, es quien debe de cobrar las ayudas de la PAC. Así se ha aplicado esta nueva figura de agricultor activo dentro de la PAC por parte de España.
Es cierto que hay una propuesta sobre la mesa por parte de la Comisión Europea de flexibilizar esta figura hasta hacer voluntaria su aplicación por parte de los Estados miembros.
En este sentido, no tenemos previsto el modificar los requisitos en lo que respecta a esta figura y seguiremos aplicándolo como hasta ahora.
«El Ministerio entiende que la Ley de la Cadena Alimentaria está cumpliendo con sus objetivos»
P.- Una cuestión en la que coinciden cooperativas y organizaciones agrarias es que falta mucho por profundizar en los desequilibrios de la Ley de la Cadena Alimentaria, ¿se va a afrontar una reforma de la Ley en esta legislatura?
R.- La mejora del funcionamiento y la sostenibilidad de la cadena de alimentaria, junto con el logro de un mayor equilibrio y equidad en las relaciones comerciales que realizan los operadores que intervienen en dicha cadena, forman parte de los principales retos que ha abordado el Ministerio en estos últimos años.
La ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria constituye un hito histórico para el sector agroalimentario español, ya que por primera vez en España se ha procedido a regular las relaciones comerciales entre las empresas que forman parte de la cadena alimentaria.
La ley protege de forma especial a los operadores más débiles y refuerza la garantía y seguridad jurídica del conjunto de los operadores. Dicha garantía se basa en la obligación de formalizar por escrito los contratos.
Ahora bien, es la cadena alimentaria en su conjunto la que debe generar un valor suficiente para que todos los agentes reciban una remuneración justa y ello supone la realización de un esfuerzo conjunto e integrado de todos los agentes, al que sin duda contribuye la consolidación de todos los instrumentos puestos en marcha a través de la Ley.
La Ley de la Cadena ha marcado un antes y un después en la relación entre el conjunto de las partes que tienen intereses en el recorrido de un productos desde que sale del campo o de la industria hasta que el mismo llega al consumidor en cuestiones como firma de contratos con precios incluidos, plazos de pago, evitar pagos anormales o exigencias de información confidencial a las empresas.
Por todo ello, el Ministerio entiende que la Ley de la Cadena Alimentaria está cumpliendo con sus objetivos. De constatarlo se encarga el Observatorio de la cadena alimentaria, un instrumento de la propia Ley que analiza y estudia su funcionamiento, permite conocer mejor los mercados y contribuye a hacer más transparente el proceso de formación de precios, lo que, sin duda, mejora las relaciones comerciales.
«Vamos a poner todo el esfuerzo para alcanzar acuerdos que permitan atender las necesidades de gestión del agua»
P.- Y un tema que sigue ahí enfrentando a todos es el Plan Hidrológico Nacional, ¿va a haber cambios y cómo se pueden afrontar con un Gobierno que depende en cierta medida de lo que pueda decidir la oposición mayoritaria en el Congreso?
R.- El reto es trabajar en la elaboración de un Pacto Nacional del Agua que derive en la mejor gestión posible de este importantísimo recurso. Un Pacto Nacional del Agua que cuente con el máximo consenso entre grupos políticos, agentes sociales y sociedad civil, y que permita cumplir con los compromisos asumidos con la UE; asegurar la atención de las demandas en todas las cuencas y evitar la sobreexplotación de los recursos; y que dote al sistema español de gestión del agua de la suficiente estabilidad y solvencia financiera. Y todo desde una perspectiva de solidaridad y equilibrio territorial. Por ello, vamos a poner todo el esfuerzo que sea necesario para alcanzar los acuerdos que permitan atender las necesidades de gestión del agua de España.
La gestión del agua en España es estratégica, porque afecta de forma directa al desarrollo económico y social, a la economía y al modelo de crecimiento en la Unión Europea, y la planificación hidrológica es la herramienta que hace posible una gestión eficaz y medioambientalmente responsable de este recurso.
En este sentido, hemos de recordar el enorme esfuerzo que ha hecho el último Gobierno de España en esta materia para lograr ponerse al día en planificación hidrológica y recuperar el retraso acumulado: el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha aprobado en los últimos cuatro años dos ciclos enteros de planificación (correspondientes a los periodos 2009-2015 y 2016-2021), pasando de estar a la cola de los países de la UE a situarnos a la cabeza de los Estados cumplidores.
Isabel García Tejerina tiene muy claro cuáles son sus retos y tiene, inicialmente, cuatro años para desarrollarlos. Para ello contará con su experiencia previa, la consolidación de su estrategia de diálogo con el sector y el profundo conocimiento del mismo.
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