El Congreso ha rechazado una Proposición No de Ley para modificar las normas de prohibición de venta por debajo del precio real de producción y prácticas de competencia desleal de la gran distribución e industrias transformadoras hacia los productores para garantizarles la compra con un margen de beneficio justo.

La proposición no de ley (PNL) de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) debatida en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha sido rechazada por 26 votos del PP, PSOE y Cs; 10 a favor del resto de los partidos y ninguna abstención.

A pesar de haber incluido la enmienda de Cs y de que el PSOE se mostrara a favor de la iniciativa original, la inclusión en la PNL de la enmienda de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha originado la votación en contra de PSOE y Cs.

La PNL hacía hincapié en que el ofrecimiento de productos a precios bajo coste de producción o adquisición (que en la actualidad se realiza con productos reclamo como la leche o el aceite) inducen al error de los consumidores acerca del nivel real de los precios.

A propuesta de UP-ECP-EM se incluyo el impulso de medidas para que ningún operador logre ocupar una posición dominante en la cadena alimentaria, estableciendo, por ejemplo, un límite del 8% de margen y evitar así la posibilidad de control de la cuota de mercado de cualquier producto agroalimentario.

Otro punto de la PNL rechazada incorpora la enmienda de Ciudadanos, habla de promover aquellas políticas que permitan aumentar el poder de negociación de los productores agroalimentarios, a través del fomento del asociacionismo y el cooperativismo agrario.

El diputado de ERC Xavier Eritja, en la defensa de su proposición ha denunciado el «abuso sistemático» al que son sometidos los pequeños y medianos productores, en situación de «indefensión», por parte de las industrias transformadoras y la gran distribución con prácticas como la venta a pérdidas o las prácticas de «dumping».

Normas como la Ley de Competencia Desleal, la Ley de Ordenación del Comercio Minorista o la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria están encaminadas a acotar estas prácticas, pero es necesario que las sanciones sean «más elevadas para que no salga a cuenta incumplirlas», según Eritja.

El diputado de Ciudadanos Antonio Cantó, quien ha defendido la enmienda presentada por su grupo, ha reconocido que hay que «aumentar las multas para que a nadie le salga a cuenta perder el respeto a los agricultores».

Ha precisado que parte del problema deriva del escaso poder de negociación, por su escasa dimensión, por lo que ha abogado por «fomentar medidas que aumenten el poder de negociación» a través del asociacionismo y el cooperativismo.

El grupo UP-ECP-EM también ha apoyado la propuesta de ERC, pero ha añadido «unas pequeñas correcciones técnicas» y también ha señalado la necesidad de replantear la cuantía de las sanciones, porque las infracciones ya están tipificadas, por lo que hay que «reforzar los controles», según su diputado Jaume Moya.

Ha subrayado el abuso de posición dominante que en la actualidad ejerce la distribución, cada vez en menos manos, ya que cinco empresas tienen más de la mitad del mercado y sólo una copa el 22 %.

El diputado popular José Antonio Nieto ha señalado: «creo que todos tenemos los mismos intereses en proteger y mejorar al sector agroalimentario español, pero discrepo con algunas de las medidas planteadas» y no ha considerado oportuno modificar ninguna ley.

Ha asegurado que «una política intervencionista no es la solución» y ha añadido que la enmienda de su grupo -rechazada por ERC- «aclara gran parte de la solución».

El diputado socialista Marc Lamuà ha anunciado que su partido presentará otra iniciativa en esta misma línea en la Comisión de Economía y Competitividad «donde cobra más sentido» por su relación con el mercado y sus disfunciones.

«Las normas actuales no responden adecuadamente» a resolver el problema que deja en clara indefensión a los productores.

Antonio Postigo, del Grupo Mixto, también ha reconocido que la actual normativa no ha tenido el efecto deseado, ya que «hay una gran dependencia de los proveedores» que no denuncian a sus compradores por «miedo a represalias».

Está «claro que hay una situación de indefensión total», que no es nueva, y que las leyes no son capaces de solucionar, por lo que se posicionó a favor de la PNL de ERC.