El Federal Register de Estados Unidos, el equivalente al BOE, ha hecho oficiales los aranceles para la aceituna negra de mesa española, aprobados la semana pasada por el Departamento de Comercio de EEUU, en una publicación que indica que se aplican porque «probablemente» se vendan aceitunas a bajo precio.

La publicación, a la que ha tenido acceso Efe, y que coincide en el tiempo con el anuncio de protestas ante el Consulado de EEUU en Sevilla por parte de todo el sector, divide las sanciones al producto español en dos variables: «derechos compensatorios afirmativos» y «determinación definitiva afirmativa de las ventas a un precio inferior al justo».

Con respecto al primero, el Departamento de Comercio determina que «se están otorgando subsidios sujetos a medidas compensatorias a los productores y exportadores de aceitunas maduras de España», citando un período de investigación (PDI) desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Los investigadores de Estados Unidos señalan que el producto se vende «por debajo del precio justo»

En el segundo, determina que las aceitunas «se están vendiendo o probablemente se venderán en los Estados Unidos a un valor inferior al valor razonable.

Este último valor, denominado en inglés «Less Than Fair Value», marcaría para los investigadores de Estados Unidos que el producto se vende «por debajo del precio justo», por lo que fija los aranceles por entender que el precio marcado entra en competencia desleal con el producto local.

Los aranceles se han impuesto tras la investigación a tres empresas sevillanas: Aceitunas Camacho (Morón de la Frontera), que tendrá que pagar un 30,05 %, Agro Sevilla (La Roda de Andalucía), un 32,91, y Aceitunas Guadalquivir (Morón de la Frontera), la más perjudicada, ya que tendrá que asumir un 44,47% de aranceles.

De las cantidades con las que se sancionan a las tres empresas citadas se ha extraído una media ponderada que tendrán que asumir las restantes empresas españolas que exportan a EEUU que llega al 34,75 %.

El aumento del arancel podría significar pérdidas adicionales para el sector, cifradas en 70 millones de euros al año (81,3 millones de dólares), y dejar fuera del mercado a cerca de 300 empresas, principalmente andaluzas.