Un informe sobre el posicionamiento del Institut Agrari Català de Sant Isidre sobre la nueva PAC y los criterios que defiende el Institut en su aplicación ha abierto el debate sobre si estas ayudas deben o no ser una subvención directa sobre un cultivo y las consecuencias que ello conlleva.

La publicación del proyecto de Marco Financiero Plurianual (nombre real que tiene el Presupuesto de la Unión Europea) para 2021-2027 que se está discutiendo en este momento en el Parlamento Europeo, ha provocado una reacción inmediata de rechazo por parte de las organizaciones agrarias. Mientras el Presupuesto total aumenta en prácticamente 200.000 millones de euros (0,13 puntos de la renta nacional europea), el capítulo de ayudas directas desciende un 7,3% en el conjunto del período a precios de mercado con respecto al vigente Marco 2014-2020.

En apariencia, se trata de una mala noticia para la agricultura europea. En los próximos seis años, recibirá menos fondos comunitarios en un entorno con tres fuentes de incertidumbre notables: primera, el desafío que supone la salida de Reino Unido de la Unión Europea a partir de marzo de 2019 (incluyendo la pérdida de un contribuyente neto por importe de 5.708 millones de euros en el actual Marco); segunda, la escalada en las amenazas internacionales de “guerra comercial”, focalizada en este momento en el eje Asia-Pacífico; y tercera, la conformación de un texto que permita cumplir con los compromisos de la UE en el seno de la OMC en materia de subsidios a exportación, barreras no arancelarias y el actual trato de favor al sector agrícola a través de la PAC.

lo que en teoría serviría para apoyar al agricultor, como es una subvención, en realidad se convierte en dinero a los intermediarios

Sin embargo, se trata de un momento adecuado para revertir la “excepción regulatoria” en la que vive desde hace más de medio siglo el sector agrícola, atenazado por un “nudo gordiano” como es la regulación del mercado que hunde los precios en origen, provocando una dependencia continuada de la renta de los agricultores de las subvenciones directas. Una subvención directa sobre un cultivo provoca que el precio descienda en idéntica proporción ya que el agricultor está percibiendo una renta adicional que no proviene del mercado.

Los compradores de su producto, sabedores de este hecho, reducen los precios de compra hasta equilibrarse con el precio sin subvención. Por tanto, lo que en teoría serviría para apoyar al agricultor como es una subvención, en realidad se convierte en una transferencia de renta del presupuesto público (en torno al 40% del presupuesto de la UE va destinado a agricultura) a los márgenes de los intermediarios y de ahí a incrementar precios de venta al consumidor.

Existe una amplia evidencia empírica que muestra el efecto contraproducente de las subvenciones a la agricultura sobre las rentas agrarias. Un caso paradigmático es el de Nueva Zelanda, en la cual en 1984 un Gobierno laborista decidió eliminar los subsidios a los productos agrícolas, siendo el 40% de los diputados agricultores. Desde entonces, Nueva Zelanda es una de las economías dependientes de la agricultura más prósperas del planeta, produciendo suficientes alimentos para dar de comer a 40 millones de personas y un 90% de la producción agrícola es exportada.

Si bien éste es el análisis que cabe hacerse desde el punto de vista económico, no es menos cierto que una buena parte de los agricultores y organizaciones agrarias viven ajenos a esta realidad. Por ello, defienden especialmente la permanencia de los pagos directos que forman parte del Primer Pilar de la PAC, creyendo que así es como se apoya a un sector tan importante como el agrícola. Son los principales perjudicados del recorte presupuestario, dado que el 28% de la renta agraria media en la UE corresponde a los pagos directos, según el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea.

En España, la dependencia de las ayudas directas es 6 puntos porcentuales inferior a la media de la UE (22%) en términos de renta total promedio entre 2011 y 2015, mientras que el conjunto de ayudas (la suma de los pilares) supone el 30% de la renta agrícola. Mientras, en Francia asciende al 31%, en Alemania el 37% y Portugal el 29%. Sólo Italia está por detrás de España en la UE-15, con un peso de los pagos directos del 18%.

Focalizando la atención en el caso de España, su menor dependencia se basa en el extraordinario crecimiento que han experimentado los ingresos de los agricultores (homogéneos por fases del ciclo económico) gracias a productos agrarios que o bien no perciben subvenciones directas de la PAC o si perciben alguna, su efecto es escaso o poco representativo en el conjunto del mercado. Así, el 57,7% del Valor Añadido Bruto del sector agrícola a nivel europeo en 2017 procede de productos más alejados de la PAC como las frutas y hortalizas (19,1%), el porcino (8,9%), el vacuno (8,2%) o la producción genéticamente modificada (5,2%). A estos se suma una aportación creciente y que ha reaccionado de forma muy positiva a la desaparición de las cuotas como es el sector lácteo, el cual representa un 13,9%.