Las comunidades de Castilla-La Mancha y Aragón han cerrado un acuerdo este miércoles 21 fijar una posición común para la futura reforma de la Política Agraria Común (PAC) y pedir al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que inicie las negociaciones con las autonomías.
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, y el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Aragón, Joaquín Olona, han firmado en Almagro (Ciudad Real) este acuerdo, que apuesta por la agricultura profesional.
Ambas CCAA quieren apostar por una «agricultura de agricultores vinculados al modelo familiar»
Los dos consejeros han anunciado que las propuestas recogidas en este acuerdo las trasladarán este jueves 22 a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina.
El ‘acuerdo de Almagro’, como lo ha denominado Joaquín Olona, propone por un lado apostar por una «agricultura de agricultores vinculados al modelo familiar» y, por otro, abrir un escenario de acuerdo al que se pueden sumar el resto de comunidades autónomas.
El consejero de Aragón no ha dudado en calificar de «muy importante este acuerdo», que apuesta por el futuro de los pueblos y el sostenimiento del medio rural.
Por su parte, Martínez Arroyo, ha asegurado que Aragón y Castilla-La Mancha comparten una idea común que es la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos, de ahí que se haya cerrado un acuerdo en este sentido.
Una agricultura y una ganadería que, ha dicho, debe defender un modelo profesional en el que sea posible el relevo generacional y que cuide de aquellos que cuidan de la vida de los pueblos y generan en ellos riqueza.
El texto apuesta porque las comunidades autónomas tengan una mayor capacidad de decidir sobre la aplicación de la PAC
El acuerdo, ha señalado, «incide en estos aspectos» y apuesta por el futuro de la PAC para que no se pierdan recursos, pero también defiende que no se incremente la cofinanciación de las ayudas, de manera que ni el Gobierno ni las autonomías tengan que «aportar más recursos» y sea una política claramente europea.
Por otro lado, se trata de un acuerdo que defiende que los agricultores de todos los territorios cobren una misma ayuda por hectárea, de tal manera, que dejen de tener en cuenta las referencias de los rendimientos históricos para calcular las ayudas que generan distorsión y discriminación en determinadas partes del país.
La propuesta también insiste en que se apliquen límites de ayudas por explotación, de tal manera que el dinero que se pueda ahorrar en aquellas explotaciones de tamaño grandes, se puedan destinar a la incorporación de jóvenes agricultores y al relevo generacional en el campo.
Finalmente, el texto apuesta porque las comunidades autónomas tengan una mayor capacidad de decidir sobre la aplicación de la PAC.