La ministra de Agricultura ha asegurado hoy, 8 de noviembre, que el Gobierno tiene preparadas un paquete de medidas de emergencia si se agrava la sequía, con el objetivo de garantizar el suministro humano a la población y minimizar restricciones en otras actividades económicas, como la agricultura.

Estas declaraciones, dadas a Efeagro en los pasillos del Congreso, intentan mandar un mensaje de calma ante una situación que, lejos de resolverse, está siendo cada vez más difícil de gestionar, especialmente en algunas localidades.

La ministra ha afirmado que existe un seguimiento «permanente» y se han «identificado actuaciones» posibles ante la prolongación de la sequía -que dura cinco años en el Levante-, su extensión a todo el territorio nacional y el descenso de agua en los embalses.

Asimismo, ha explicado que durante esta semana ha tenido diversas reuniones con las confederaciones hidrográficas  con las que trabaja teniendo en cuenta «todos los escenarios, incluso los más dramáticos», analizando el peor supuesto cada mes de la serie histórica y vigilando la situación para salvaguardar el suministro humano de agua.

ha pedido a los ciudadanos que ahorren y hagan un uso responsable del agua

En ese sentido, según han declarado, se han previsto obras de emergencia y la «movilización de recursos adicionales» para que no suceda lo que ocurrió el pasado verano en Roma o en España otras veces y no se vea afectado el abastecimiento de agua a los ciudadanos.

Ha recalcado que al llegar al «quinto año» de sequía es muy difícil mantener las garantías de regadíos sin afectar a la población.

No obstante, ha reiterado que el Gobierno hará todo lo que «legalmente y físicamente sea posible para llegar a cubrir el máximo posible necesidades», según Tejerina, quien ha pedido a los ciudadanos que ahorren y hagan un uso responsable del agua.

La ministra ha asegurado que para paliar el impacto de la sequía en el campo se han tomado muchas medidas, como el anticipo de los pagos de la Política Agrícola Común (PAC), una dotación de 200 millones de euros para avales que faciliten la financiación de las explotaciones o exenciones a tarifas para regantes.