El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha firmado este jueves en la localidad cordobesa de Montoro el convenio del proyecto Life El Lobo en Andalucía: Cambiando Actitudes para «trabajar por el lobo ibérico y aumentar su población en los campos andaluces». Aunque la Junta asegura en una nota que cuenta con representantes de las principales organizaciones cinegéticas, ganaderas y conservacionistas, desde Asaja Córdoba se ha destacado que ninguna de las entidades participantes en ese proyecto «representa ni a los propietarios rurales, ni a los ganaderos, ni a los productores de caza, por lo que aquellos que hablen en nombre de cualquiera de esos colectivos lo hace a titulo particular y defendiendo intereses personales para, exclusivamente, beneficiarse presuntamente de la posible financiación europea de este proyecto life».

Para la organización agraria, el “desafortunado” convenio plantea extender el lobo por las sierras andaluzas «sin tener en cuenta» que cientos de municipios de estas zonas tienen en la ganadería y en la actividad cinegética sus principales actividades económicas.

Recuerdan a la Junta que los ataques de lobos al ganado en España suponen unos daños anuales directos de cinco millones de euros

Para Asaja, el programa constituye una “insensatez, puesto que el lobo, sin necesidad de programas de apoyo ni de más dinero público, mantiene su presencia en las zonas tradicionales de Cardeña, Montoro, Andújar y Despeñaperros y está en expansión en toda la Península Ibérica, creando graves problemas en todas las zonas ganaderas y cinegéticas que recoloniza».

Tanto al norte como al sur del Duero, los lobos están causando estragos en la cabaña ganadera, constituyen una fuente constante de conflicto y son frecuentes las manifestaciones de rechazo. Incluso en aquellas provincias en las que su presencia es aún testimonial, el debate se centra justamente en lo contrario, en rebajar la catalogación de la especie para evitar su proliferación. Y es que los ataques de lobos al ganado en España suponen unos daños anuales directos de más de cinco millones de euros.

En este sentido, se incide en que con más de 270 grupos reproductivos censados y con lobos hasta en la Comunidad de Madrid, no se puede hablar de una especie en peligro de extinción, por lo que desde Asaja apelan a “la sensatez y a la cordura” de la Junta de Andalucía y le piden que “frene este esfuerzo inútil que a nada conduce, que nada aporta y que, de salir adelante, será fuente de conflictos en el mundo rural”.

Asimismo, se recalca que con independencia del loable mandato de preservación de todas las especies allí donde tengan presencia, manifestan que reivindicar la conservación del lobo a toda costa es “una temeridad, porque el lobo causa enormes daños económicos a quienes verdaderamente mantienen el medio ambiente en el mundo rural, que son los titulares de explotaciones ganaderas y/o cinegéticas”.

Por su parte, desde la Junta se señala que con la firma del convenio se han sumando al proyecto la Federación Andaluza de Caza (FAC), la Asociación de  Propietarios Rurales, Productores de Caza y Conservadores del Medio Natural de Andalucía (APROCA), la Asociación de Pastores por el Monte Mediterráneo (APMM), la Asociación Empresarial de Criadores y Titulares de Cotos de Caza de Andalucía (ATECA) y la organización internacional WWWF/España, «que representan a los diferentes sectores que tienen implicación directa en la conservación del lobo en Andalucía». La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA), también integra el equipo de trabajo que se propone mejorar la percepción social del lobo en Andalucía.

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